El 2017, tras décadas de críticas, el gobierno de Michelle Bachelet dio el primer paso real para dejar atrás la municipalización. Mediante la ley 21.040, se establecieron los principios del denominado “Sistema de Educación Publica”. Una reformulación administrativa y territorial que buscaba, en términos aún ambiguos, “establece[r] como fin de la educación pública el pleno desarrollo de sus estudiantes, de acuerdo con sus necesidades y características, poniendo énfasis en su formación integral y el desarrollo de la creatividad, la capacidad critica, la participación ciudadana y los valores democráticos”. Para hacerlo, se propuso reemplazar la administración municipal por una nueva subdivisión territorial en distritos que son exclusivos a la educación, los que se denominaron Servicios Locales de Educación Pública o SLEP. De los 70 Servicios que volverán a trazar Chile a partir de distritos escolares, 7 ya se encuentran operativos en un despliegue administrativo paulatino y disperso.